La violencia hacia las mujeres en la minería artesanal

El 08 de marzo, día internacional de la mujer, se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Sin embargo, esta fecha también nos recuerda tareas pendientes como la eliminación de todo tipo de violencia psicológica, física, sexual o patrimonial hacia las mujeres y niñas.

En el 2021, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. Ese mismo año, el Perú registró la atención de 140 833 casos de violencia contra la mujer a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM)[1], cifra que superó ampliamente los 97 926 casos registrados el 2020.

La situación de violencia contra la mujer se complicó aún más debido a la pandemia. Las mujeres y niñas se vieron obligadas a convivir permanentemente con sus agresores, y dadas las restricciones de movilización y el temor al contagio, gran parte de los casos de violencia no se concretaron en denuncias.

En las zonas rurales el problema de la violencia es más aguda, por el menor acceso a información y canales de denuncias que limitan el seguimiento de casos de violencia. Asimismo, culturalmente muchas áreas rurales se rigen por el modelo patriarcal, que ha ido institucionalizándose generación tras generación; a tal punto de normalizar prácticas discriminatorias o de agresión verbal contra las mujeres y niñas, que frenan sus posibilidades de desarrollo.

Las mujeres de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) de oro, no son ajenas a esta situación. Precisamente, uno de los grupos más precarios e invisibilizados lo conforman las pallaqueras, quienes trabajan en las laderas de los cerros seleccionando manualmente el material aurífero desechado por los mineros como desmonte.

La actividad de las pallaqueras actualmente no se encuentra regulada en el Perú, por lo cual las mujeres que se dedican a esta labor dependen exclusivamente de la autorización del titular u operador minero para trabajar en la operación minera. Asimismo, durante la comercialización del mineral recolectado, al no poder vender formalmente, se ven sometidas a los precios impuestos por los compradores o acopiadores, obteniendo entre un 30% a 40% menos respecto al precio real.

Esta doble dependencia esconde dinámicas violentas, en las cuales las pallaqueras deben aceptar el maltrato físico, acoso, discriminación y menosprecio de su labor para que las dejen trabajar. Lamentablemente, la necesidad de obtener ingresos para sus hogares a través del pallaqueo limita las opciones para denunciar o expresar su desacuerdo ante los abusos, facilitando el círculo de prácticas violentas que ejercen contra ellas.

Frente a esta situación, el proyecto planetGOLD Perú se ha propuesto desarrollar talleres de liderazgo y prevención de la violencia, como parte de un plan de acción a medida, que permita a las mujeres de la MAPE trabajar en igualdad de condiciones que sus compañeros varones. De este modo la iniciativa no solo se enfoca en la implementación de prácticas libres de mercurio en la MAPE, también presta especial atención a la realidad de las pallaqueras y mujeres mineras del sector.

La violencia contra las mujeres y niñas es un problema estructural, prevenirla es un compromiso que inicia con el reconocimiento de sus manifestaciones en todos los ámbitos. El involucramiento de las mujeres en la decisión de procesos económicos, políticos y sociales es esencial para un desarrollo sostenible, inclusivo y libre de violencia.

• La iniciativa planetGOLD es financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y liderada por el PNUMA. En el Perú es ejecutada por el Ministerio del Ambiente (Minam), en alianza con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

[1] Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos, especializados y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia familiar o sexual.